Naturaleza jurídica de las curadurías urbanas y su sujeción al control fiscal

Las curadurías urbanas son particulares que ejercen funciones públicas en un esquema de descentralización por colaboración, conforme a los artículos 123 y 210 de la Constitución Política. Su función principal es tramitar y expedir licencias urbanísticas, financiándose con las expensas que pagan los particulares por estos servicios. Aunque no son entidades públicas ni descentralizadas, sí manejan fondos públicos y, por tanto, son sujetos de control fiscal por parte de las contralorías territoriales.

Pago de la cuota de fiscalización y requisitos legales

La cuota de fiscalización, regulada en la Ley 1416 de 2010, se liquida sobre el monto de los ingresos ejecutados presupuestalmente por las entidades descentralizadas del orden municipal o distrital. En este sentido, las expensas de las curadurías urbanas, aunque son fondos públicos, no constituyen ingresos ejecutados presupuestalmente y por ende no generan la obligación automática de pago de la cuota de fiscalización. No obstante, dado que las curadurías urbanas son sujetos de control fiscal, deben pagar la cuota de fiscalización establecida por las contralorías territoriales. Para ello, es indispensable que cada contraloría expida anualmente un acto administrativo motivado que fije la tarifa y base gravable para cada sujeto de control fiscal.

Imposibilidad de cobro retroactivo y consecuencias jurídicas

El cobro de la cuota de fiscalización no puede aplicarse de forma retroactiva, respetando el principio constitucional de anualidad presupuestal. Esto significa que las contralorías no están facultadas para exigir cuotas correspondientes a vigencias anteriores que no hayan sido previamente liquidadas mediante acto administrativo. En caso de incumplimiento en el pago de la cuota una...