La Superservicios indicó que, conforme al artículo 11 del Decreto 1369 de 2020, su Oficina Asesora Jurídica es competente para absolver consultas jurídicas externas relacionadas con el régimen de los servicios públicos domiciliarios, aunque los conceptos emitidos no tienen carácter obligatorio ni vinculante. Asimismo, aclaró que no puede exigir la aprobación previa de actos o contratos de prestadores de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

Competencias en relación con la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana

Respecto a la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, la entidad recordó que los departamentos y municipios están facultados para imponer tasas o sobretasas con el fin de financiar fondos territoriales de seguridad, según el artículo 8 de la Ley 1421 de 2010. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles ciertos incisos de ese artículo por no especificar con claridad el hecho generador del tributo, lo que vulnera los principios de legalidad y certeza tributaria. Para evitar un vacío en la financiación de programas de seguridad, la Corte moduló los efectos de esta decisión, permitiendo la continuidad en el cobro de la tasa hasta el 20 de junio de 2024, plazo dentro del cual el Congreso debe definir con precisión el hecho generador del tributo. En cumplimiento de esta sentencia, la Ley 2272 de 2022 estableció que los departamentos y municipios que adoptan esta tasa pueden continuar recaudándola siempre que su hecho generador sea la suscripción a un servicio público domiciliario o la titularidad de bienes raíces, según corresponda.

Autonomía tributaria y manejo de información

La Superservicios señaló que, dada...