La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, estudió la demanda presentada contra los artículos 20, 225 D y 229 de la Ley 1952 de 2019, norma que expide el Código General Disciplinario y deroga la Ley 734 de 2002 y disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario.

Antecedentes

La demanda fue presentada por un ciudadano que cuestiona dichas disposiciones por considerar que vulneran el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La acusación se centra en que las normas permiten que el funcionario que conoce del asunto en la etapa de juicio se pronuncie sobre la necesidad de variar los cargos formulados, facultad que, según el demandante, afecta las garantías de defensa y de juez imparcial. Tras la admisión inicial y una corrección posterior del escrito con ajustes significativos, la Sala Plena evaluó si la demanda cumplía con los requisitos legales para un pronunciamiento de fondo. Concluyó que la demanda carece de la claridad, certeza, especificidad y suficiencia necesarias, pues no desarrolla adecuadamente cómo las disposiciones vulneran el debido proceso. Por ello, decidió inhibirse y no emitir un fallo de fondo.

Intervenciones y conceptos técnicos especializados

Diversas entidades y expertos presentaron conceptos técnicos con posiciones diversas: - El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) solicitó declarar la exequibilidad de las normas, señalando que el principio de congruencia está incluido en los principios rectores de la potestad disciplinaria y es coherente con las funciones públicas del Estado. - El Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas consideró la...