Antecedentes del caso

El litigio se originó a partir de una demanda presentada por una sociedad en reorganización contra el departamento de Antioquia. La demanda buscaba que se declarara el incumplimiento del contrato de obra No. 4600010884, se reconociera el desequilibrio económico del negocio jurídico, se ordenara el restablecimiento de la ecuación contractual, se liquidara judicialmente el contrato y se indemnizaran los perjuicios correspondientes. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, señalando que no constaban en el expediente las actas de obra necesarias para analizar la liquidación contractual. La parte demandante apeló y solicitó que el Consejo de Estado, en ejercicio de sus facultades oficiosas en segunda instancia, decretara las actas parciales de obra ausentes y librara los oficios pertinentes, además de pedir la suspensión del proceso hasta la resolución de otro litigio relacionado.

Consideraciones sobre la solicitud probatoria

La Sala recordó que el juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer aspectos dudosos del litigio, pero esta facultad está limitada para no suplir la carga probatoria de las partes, evitando desequilibrar la relación jurídico-procesal entre ellas. En este caso, la solicitud de la parte demandante pretendía subsanar deficiencias probatorias que no fueron atendidas oportunamente en primera instancia. El análisis legal se basó en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, que establece los requisitos para el decreto de pruebas en segunda instancia, tales como que las pruebas sean solicitadas en común acuerdo por las partes, hayan sido negadas en primer grado o versen sobre hechos sobrevinientes o documentos no presentados por...