La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció una acción de tutela interpuesta en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad personal, vida digna y reparación integral. La acción fue promovida contra múltiples autoridades administrativas, incluyendo la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Ministerios del Interior, Justicia y Defensa, Policía Nacional, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Unidad Nacional de Protección (UNP), y municipios de Sucre y Cesar. El caso se originó en la falta de respuesta y trámite adecuado a las denuncias, quejas y solicitudes presentadas para obtener ayuda humanitaria y protección especial. El actor, líder social y víctima de desplazamiento forzado, presentó diversas peticiones ante las autoridades, las cuales en algunos casos no fueron respondidas dentro de los términos legales establecidos, generando vulneración del derecho fundamental de petición.

Derecho fundamental de petición y obligaciones de las autoridades

El Consejo recordó que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, implica que toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener una pronta y de fondo respuesta. La ley 1437 de 2011 establece plazos claros para resolver peticiones, y en caso de no ser competente la autoridad, debe remitir la solicitud a la entidad correspondiente e informar al peticionario. En el análisis, se constató que algunas solicitudes del actor fueron remitidas correctamente por las entidades y comunicadas oportunamente, mientras que en otros casos...