Antecedentes del caso

Un incidente de desacato fue tramitado por el incumplimiento en la entrega del medicamento “Midostaurina” a una paciente diagnosticada con mastocitosis cutánea, ordenada mediante sentencia de tutela. La entidad administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) realizó parcialmente la entrega, pero no cumplió con la dosis completa ni con la periodicidad prescrita. Posteriormente, el tratamiento fue modificado por el médico tratante, sustituyendo el medicamento por “Imatinib 400 MG”, el cual sí fue suministrado. El juzgado de primera instancia sancionó a la directora de gestión judicial y al gerente regional de la entidad administradora con una multa equivalente a diez días de salario mínimo legal mensual vigente, por considerar que incurrieron en desacato. Esta sanción fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el tribunal administrativo correspondiente.

Pretensiones y fundamentos de la solicitud

Los funcionarios sancionados solicitaron la inaplicación de la sanción argumentando que se había cumplido con la entrega del medicamento al haberse suministrado inicialmente y luego al haberse cambiado el tratamiento. Alegaron vulneración del derecho al debido proceso y al buen nombre, señalando defectos sustantivos y fácticos en las providencias judiciales y desconocimiento de precedentes jurisprudenciales que permiten cesar los efectos de las sanciones en casos excepcionales.

Análisis de la Sala

La Sala recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente de manera excepcional, especialmente en incidentes de desacato, y debe limitarse a examinar si se respetaron el debido proceso y la proporcionalidad de la sanción, sin revisar el fondo del asunto protegido por la tutela original. En el caso concreto, la Sala advirtió que el juzgado que impuso la sanción no tuvo en cuenta los informes y pruebas que evidenciaban la imposibilidad absoluta de cumplir la orden en los términos iniciales, debido al cambio de medicamento y al desabastecimiento del fármaco ordenado originalmente. La decisión sancionatoria desconoció la falta de responsabilidad subjetiva de los funcionarios y la finalidad del incidente de desacato, que no es la imposición de sanciones per se, sino asegurar el cumplimiento efectivo de la tutela. La Sala concluyó que existió un defecto fáctico por omisión en valorar adecuadamente las circunstancias excepcionales, por lo que amparó el derecho al debido proceso de los funcionarios y dejó sin efectos el auto sancionatorio.

Decisión

Se ordenó al juzgado que profirió la sanción dictar una nueva decisión dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta providencia, en la que resuelva las solicitudes de inaplicación de la sanción teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, especialmente la finalidad del incidente de desacato y la ausencia de responsabilidad subjetiva. La decisión también confirmó la legitimidad del tribunal administrativo vinculado al proceso y negó su desvinculación, manteniendo la competencia para conocer el caso. Finalmente, se notificó a las partes y se dispuso remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si procede.

Implicaciones jurídicas

Este fallo reafirma que en los incidentes de desacato la sanción debe estar precedida de un análisis riguroso sobre la responsabilidad subjetiva y las circunstancias del incumplimiento. Además, enfatiza la importancia de valorar integralmente los informes y pruebas aportados, evitando decisiones arbitrarias que vulneren derechos fundamentales como el debido proceso y el buen nombre. Asimismo, se confirma la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, restringiendo su procedencia a casos donde se demuestre una vía de hecho o vulneración grave de derechos. Este precedente contribuye a clarificar los parámetros para la imposición y revisión de sanciones en incidentes de desacato, garantizando un equilibrio entre la eficacia judicial y la protección de los derechos de los funcionarios involucrados.

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Consejo de Estado ampara el derecho al debido proceso en incidente de desacato por incumplimiento en suministro de medicamento

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