Contexto y objeto de la demanda

Un ciudadano presentó demanda de nulidad contra las Resoluciones números 40307, 40359 y 40409, expedidas en agosto y septiembre de 2024 por el Ministerio de Minas y Energía. Estas resoluciones adoptan y prorrogan medidas transitorias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en áreas especiales. La demanda alega, entre otros puntos, que dichas resoluciones vulneran normas legales y constitucionales y que el Ministerio asumió funciones regulatorias que corresponden a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Fundamentos jurídicos de la demanda

El demandante argumenta que la Resolución 40307 de 2024 no cumplió con el trámite previo de publicación del proyecto para recibir comentarios de la ciudadanía, ya que se publicó por solo tres días en vez de quince, como lo exige el Decreto 1081 de 2015. Además, sostiene que el Ministerio de Minas y Energía usurpó competencias propias de la CREG, que es la entidad legalmente facultada para expedir regulaciones sobre servicios públicos domiciliarios y establecer reglamentos del sistema interconectado nacional.

Decisión sobre la medida cautelar de urgencia

El despacho del Consejo de Estado negó la solicitud de medida cautelar de urgencia para suspender las resoluciones demandadas, al considerar que estas ya perdieron vigencia entre agosto y diciembre de 2024, según lo establecido en sus propios artículos resolutivos. Por ello, no se cumplen los requisitos para adoptar una medida cautelar que suspenda actos administrativos que ya no están vigentes.

Procedimiento y próximos pasos

La demanda fue admitida tras subsanarse algunos requisitos formales, como la acreditación del envío de la demanda y anexos al Ministerio y la indicación del lugar de notificación personal. Se ordenó notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público, y se abrirá el cuaderno de medidas cautelares para tramitar la solicitud de suspensión provisional con traslado a la parte demandada.

Implicaciones y relevancia

La controversia gira en torno a la correcta asignación de competencias en materia regulatoria del sector eléctrico, enfatizando la importancia del cumplimiento de procedimientos administrativos que permitan la participación ciudadana. Además, se subraya la necesidad de respetar las atribuciones conferidas por la ley a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para evitar usurpaciones de funciones que pueden afectar la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado mayorista de energía. Este caso evidencia la vigilancia judicial sobre actos administrativos en sectores estratégicos y su impacto en la prestación de servicios públicos esenciales. El proceso continuará con el análisis de fondo para determinar la nulidad o validez de las resoluciones impugnadas, garantizando así el respeto al marco legal y la protección de los derechos de los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

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Consejo de Estado admite demanda contra resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y niega medida cautelar de urgencia

Contexto y objeto de la demanda

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