El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda de nulidad simple presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Directiva Presidencial 11 de 22 de noviembre de 2024, emitida por la Presidencia de la República. Esta admisión implica que el proceso continuará su trámite conforme a la ley.

Antecedentes de la demanda

La Fundación para el Estado de Derecho interpuso la demanda el 20 de febrero de 2025, solicitando la nulidad parcial de la Directiva Presidencial 11 de 2024. La directiva establece que, a partir de 2025, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben destinar una partida del 33.3% de los recursos asignados para Planes de Medios y Comunicaciones a la divulgación de información oficial a través de medios comunitarios y nuevas tecnologías, sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública y las directrices de austeridad del gasto público. La demanda plantea que la directiva vulnera el principio de reserva de ley, igualdad y el régimen de libre competencia. Además, se argumenta que infringe las normas en las que debería fundamentarse, desconociendo el régimen de contratación pública y excediendo las atribuciones del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa.

Consideraciones jurídicas

El medio de control utilizado es la nulidad simple, cuya finalidad es declarar la nulidad de actos administrativos de carácter general cuando se expidan con infracción de normas, sin competencia, o con irregularidades. El despacho verificó que la demanda fue presentada dentro del término legal y cumple con los requisitos formales, incluyendo la claridad en la pretensión, determinación de...