Antecedentes del caso

El proceso se originó con la demanda presentada contra el acto mediante el cual se eligió al director de la CAS, contenido en un acuerdo emitido a finales de 2024. La demanda señala irregularidades en la elección, incluyendo la convocatoria tardía y falta de documentación previa a la sesión decisoria, así como la indebida resolución de recusaciones presentadas durante el proceso. Además, se cuestiona la delegación de funciones que afectaría la legitimidad del acto electoral, y la modificación intempestiva del orden del día en la reunión donde se realizó la elección.

Argumentos de las partes y posición del Ministerio Público

El demandante alegó vulneraciones a los principios de publicidad, transparencia, participación y debido proceso, argumentando que la convocatoria no cumplió con los plazos ni la documentación necesaria, y que la resolución de recusaciones no contó con la mayoría requerida. Por su parte, el director elegido y el presidente del consejo directivo defendieron la legalidad del proceso, señalando que se cumplió con las normas estatutarias, incluyendo la convocatoria con la antelación establecida y la inclusión de la modificación del cronograma electoral en el orden del día. El Ministerio Público consideró que la elección no fue ilegal ni sorpresiva y que la inclusión de nuevos puntos en la sesión ordinaria es procedente.

Decisión y fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado admitió la demanda tras verificar que se presentó dentro del término legal. En cuanto a la medida cautelar de suspensión provisional, la Sala concluyó que existen indicios de vulneración de normas y principios constitucionales y estatutarios, particularmente en materia de convocatoria y resolución de...