La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la demanda presentada contra la Resolución SC-2482 del 9 de diciembre de 2024, expedida por el director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Esta resolución convocó a los egresados a elecciones para elegir representantes ante el Consejo Directivo Nacional y los consejos académicos territoriales, por períodos de dos años.

Requisitos adicionales y afectación a la participación

El acto administrativo impuso un requisito de preinscripción para participar como elector y candidato, condición que no está contemplada en el Estatuto Electoral vigente (Resolución SC 581 de 2020). El censo preliminar de egresados incluyó solo 224 personas de aproximadamente 46.000, con nombres duplicados, y muchos egresados con acceso al correo institucional y al sistema ARCA no pudieron participar por no realizar la preinscripción exigida. Esta circunstancia motivó la demanda, al considerar que la resolución limita el derecho a elegir y ser elegido, afectando los principios de participación democrática e igualdad consagrados en la Constitución Política. En particular, se argumenta que la preinscripción rompe con el pacto social interno de la comunidad ESAP y restringe la participación de un mayor número de egresados.

Procedimiento y aspectos formales

El Consejo de Estado, competente para conocer este tipo de procesos en única instancia, verificó que la demanda cumple con los requisitos formales previstos en la Ley 1437 de 2011. Además, se constató que el acto demandado es susceptible de control judicial por tratarse de una norma general que regula las elecciones de los representantes de los graduados. Se informó que, hasta la fecha, no se han realizado las elecciones convocadas, y se ordenó notificar a las partes involucradas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se dispuso que la ESAP informe a su comunidad institucional sobre la existencia del proceso por medio de su página web.

Implicaciones y próximos pasos

La admisión de la demanda abre la vía para analizar en profundidad la legalidad del requisito de preinscripción y su impacto en la participación electoral de los egresados de la ESAP. La decisión busca garantizar que los procesos electorales internos se ajusten a los principios constitucionales y normativos, evitando limitaciones injustificadas. En conclusión, este proceso judicial podría sentar un precedente importante sobre la regulación de los mecanismos de participación en entidades públicas y la protección de los derechos políticos de sus miembros. El resultado final dependerá del análisis de fondo, que continuará en las instancias correspondientes, con miras a asegurar un proceso electoral transparente, inclusivo y respetuoso de los derechos de todos los egresados de la ESAP.