La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por la cancelación de la licencia de funcionamiento de una empresa de vigilancia privada.

Antecedentes del caso

La Superintendencia ejerció su facultad discrecional para cancelar la licencia otorgada a la empresa en cuestión, tras constatar mediante la revisión de archivos de organismos de seguridad del Estado que uno de los socios había sido objeto de medida de aseguramiento por presuntos vínculos con actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico y homicidio agravado. Esta información, además de estar presente en informes oficiales, fue difundida en medios de comunicación. La empresa demandante alegó violación al debido proceso, ausencia de motivación adecuada, violación al principio de confianza legítima, desviación de poder y vulneración del derecho a la libre asociación. Además, cuestionó que la medida fuera adoptada sin un procedimiento administrativo previo que garantizara su derecho a la defensa.

Fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado señaló que la cancelación de la licencia de funcionamiento constituye un acto administrativo discrecional orientado a proteger la seguridad ciudadana, conforme lo establece el artículo 3° del Decreto Ley 356 de 1994. Esta potestad, aunque discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma y proporcional a los hechos que la motivan. En el caso concreto, la Superintendencia actuó en ejercicio de la facultad de reconsultar en cualquier momento los archivos de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, con el fin de verificar que las condiciones...