Antecedentes del caso

El proceso judicial se inició con la demanda presentada en diciembre de 2021 por un consorcio, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. La demanda buscaba la nulidad de una resolución administrativa que adjudicó parcialmente un contrato para el mantenimiento de instalaciones policiales a una empresa, y solicitaba la declaración de nulidad del contrato correspondiente, además del reconocimiento del consorcio como adjudicatario y el pago de perjuicios. Durante el trámite procesal, la parte demandante solicitó la práctica de pruebas testimoniales, incluyendo la declaración del asistente técnico-jurídico del consorcio y del representante legal de una empresa vinculada al proceso. Sin embargo, en la audiencia inicial celebrada en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la práctica de estas pruebas por no cumplir con los requisitos del artículo 212 del Código General del Proceso, principalmente porque no se indicaron de manera concreta los hechos objeto de la prueba ni el lugar donde podrían ser citados los testigos.

Decisión del Consejo de Estado

El recurso de apelación interpuesto contra dicha negativa fue conocido por el Consejo de Estado, que confirmó la decisión del tribunal de primera instancia. El análisis se basó en que la solicitud de la prueba testimonial no cumplió con los requisitos legales, ya que no se especificaron los hechos sobre los cuales debía declarar el testigo, ni su domicilio o lugar para ser citado, elementos indispensables para la admisión de testimonios según el artículo 212 del Código General del Proceso. El Consejo de Estado destacó que esta exigencia no es un mero formalismo, sino un...