Contexto y antecedentes del caso

La sociedad demandante interpuso recurso de nulidad y restablecimiento del derecho contra varias resoluciones expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que ordenaban el pago de saldos de la tasa de vigilancia para los años fiscales 2013 y 2014. Estas resoluciones se basaron en liquidaciones oficiales de revisión y confirmaciones de recursos administrativos. La tasa de vigilancia, establecida inicialmente en la Ley 1ª de 1991, fue ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para incluir a la totalidad de los sujetos de vigilancia y control de la Superintendencia, con el fin de cubrir costos de funcionamiento y de inversión. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “y/o inversión” y el inciso segundo de dicho artículo, argumentando que generaba una sobrecarga desigual para los nuevos vigilados, violando el principio de igualdad tributaria.

Argumentos de las partes

La parte actora alegó que las resoluciones administrativas se sustentaban en normas declaradas inexequibles, lo cual vulneraba principios constitucionales como el debido proceso, legalidad tributaria y buena fe. También sostuvo que no existía obligación legal para pagar los mayores valores exigidos y que los actos administrativos habían perdido su fuerza ejecutoria tras la declaración de inexequibilidad. Por su parte, la Superintendencia argumentó que los efectos de la sentencia de inexequibilidad eran hacia el futuro, por lo que las resoluciones que fijaron la tarifa para 2013 y 2014 y la liquidación oficial de revisión tenían sustento legal y gozaban de presunción de legalidad. Además, sostuvo que existía una situación jurídica consolidada y que se respetaron todas las garantías constitucionales.

Decisión y fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que anuló las resoluciones administrativas impugnadas. La Sala destacó que: - La sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible parcialmente el artículo 89 de la Ley 1450 produjo efectos ex nunc, es decir, desde el 23 de abril de 2015 en adelante. - Las resoluciones administrativas impugnadas, expedidas después de esa fecha, se fundamentaron en una norma que ya había sido expulsada del ordenamiento jurídico y, por tanto, carecían de efecto legal y fuerza ejecutoria. - No existía situación jurídica consolidada, dado que las liquidaciones fueron objeto de recursos administrativos y están en proceso judicial, sin haberse agotado las instancias legales ni haberse producido cosa juzgada. - La inclusión de los gastos de inversión en la base gravable de la tasa para nuevos vigilados generó un trato desigual sin justificación legal, violando los principios de igualdad y equidad tributaria. Por estas razones, la Superintendencia no podía efectuar la liquidación oficial de revisión ni exigir el pago de saldos basándose en la norma declarada inexequible.

Implicaciones de la sentencia

Esta decisión reitera la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y la inaplicabilidad de normas declaradas inexequibles con efectos ex nunc. Además, consolida el precedente sobre la protección del principio de legalidad tributaria y la prohibición de aplicar criterios discriminatorios en la liquidación de tributos. Para los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, esta sentencia implica que no están obligados a pagar valores adicionales derivados de liquidaciones basadas en normas inválidas, siempre que dichas liquidaciones hayan sido expedidas después de la fecha de inexequibilidad.

Conclusión

El Consejo de Estado confirma la nulidad de las resoluciones que ordenaron el pago de saldos de la tasa de vigilancia para 2013 y 2014, fundamentadas en disposiciones declaradas inexequibles. La sentencia protege los principios constitucionales de legalidad, igualdad y debido proceso, y limita la actuación administrativa en materia tributaria a marcos normativos vigentes y válidos. Además, impone a la Superintendencia la condena en costas por la gestión judicial. Esta providencia refuerza la seguridad jurídica en el ámbito tributario y administrativo, estableciendo que las autoridades deben ajustar sus actuaciones conforme a las decisiones de constitucionalidad, respetando los efectos ex nunc y evitando cobros basados en normas sin efecto jurídico. Así, se garantiza un equilibrio entre la potestad tributaria y la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes, promoviendo la transparencia y la justicia en la administración pública.

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Consejo de Estado confirma nulidad de liquidación de tasa de vigilancia basada en norma declarada inexequible

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