Contexto y antecedentes del caso

La sociedad demandante interpuso recurso de nulidad y restablecimiento del derecho contra varias resoluciones expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que ordenaban el pago de saldos de la tasa de vigilancia para los años fiscales 2013 y 2014. Estas resoluciones se basaron en liquidaciones oficiales de revisión y confirmaciones de recursos administrativos. La tasa de vigilancia, establecida inicialmente en la Ley 1ª de 1991, fue ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para incluir a la totalidad de los sujetos de vigilancia y control de la Superintendencia, con el fin de cubrir costos de funcionamiento y de inversión. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “y/o inversión” y el inciso segundo de dicho artículo, argumentando que generaba una sobrecarga desigual para los nuevos vigilados, violando el principio de igualdad tributaria.

Argumentos de las partes

La parte actora alegó que las resoluciones administrativas se sustentaban en normas declaradas inexequibles, lo cual vulneraba principios constitucionales como el debido proceso, legalidad tributaria y buena fe. También sostuvo que no existía obligación legal para pagar los mayores valores exigidos y que los actos administrativos habían perdido su fuerza ejecutoria tras la declaración de inexequibilidad. Por su parte, la Superintendencia argumentó que los efectos de la sentencia de inexequibilidad eran hacia el futuro, por lo que las resoluciones que fijaron la tarifa para 2013 y 2014 y la liquidación oficial de revisión tenían sustento legal y gozaban de presunción de legalidad. Además, sostuvo que existía una situación jurídica consolidada y que se respetaron todas las garantías constitucionales.

Decisión...