La Sala Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia, resolvió la acción de cumplimiento interpuesta contra el Presidente de la República y el Ministerio del Interior por el presunto incumplimiento del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018. Dicha norma establece la creación de un sistema de indemnizaciones preestablecidas como alternativa para probar perjuicios causados por infracciones a derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, cuya reglamentación debía ser expedida por el Gobierno nacional dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la ley. Tras más de cinco años ...