La Sala Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia, resolvió la acción de cumplimiento interpuesta contra el Presidente de la República y el Ministerio del Interior por el presunto incumplimiento del artículo 32 de la Ley 1915 de 2018. Dicha norma establece la creación de un sistema de indemnizaciones preestablecidas como alternativa para probar perjuicios causados por infracciones a derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, cuya reglamentación debía ser expedida por el Gobierno nacional dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la ley. Tras más de cinco años sin que se haya expedido la reglamentación, el demandante solicitó en dos ocasiones el cumplimiento de esta obligación. El Presidente remitió la petición al Ministerio del Interior, entidad encargada del proceso, que informó sobre avances y la publicación de un proyecto de decreto en su página web, pero reconoció que el trámite no estaba concluido. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el cumplimiento de la reglamentación en un plazo de tres meses. El Gobierno nacional impugnó esta decisión, argumentando la complejidad técnica del tema y que la facultad reglamentaria no tiene un límite temporal, por lo que aún se encontraba vigente.

Confirmación de la orden y ampliación del plazo

El Consejo de Estado confirmó la orden judicial pero amplió el plazo para cumplirla a seis meses a partir de la ejecutoria de la sentencia. La Sala destacó que la acción de cumplimiento es procedente para exigir el ejercicio de la facultad reglamentaria cuando la ley impone un deber claro, expreso e inobjetable, como en este caso. Además, recordó...