Antecedentes del caso

En un proceso iniciado en 2014, un grupo demandante ejerció el medio de control para la reparación de perjuicios causados por el cobro indebido del impuesto de alumbrado público en la ciudad de Neiva desde 1998, alegando que dicho impuesto no fue aprobado conforme a la ley. La demanda fue presentada contra la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el municipio de Neiva y la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Durante el trámite, se decretaron inspecciones judiciales con exhibición de documentos en diversas entidades involucradas, incluyendo la CREG, para recolectar información sobre actos administrativos y regulaciones relacionadas con el impuesto. Sin embargo, la práctica de la inspección en la CREG encontró obstáculos debido a la negativa de un juzgado administrativo de auxiliar la comisión judicial, lo que llevó a una serie de recursos y acciones legales para intentar materializar la prueba.

Solicitud probatoria en segunda instancia y decisión del Consejo de Estado

En agosto de 2024, la parte demandante solicitó la práctica de la inspección judicial con exhibición de documentos ante la CREG en segunda instancia, con base en el artículo 327-2 del Código General del Proceso (CGP), que permite pedir pruebas en esta etapa si fueron decretadas en primera instancia pero no practicadas sin culpa de quien las solicitó. El magistrado ponente negó la solicitud argumentando que la parte interesada no agotó todos los mecanismos legales para obtener la prueba dentro de las oportunidades procesales, lo que impidió su práctica en esta etapa. En su recurso de súplica, la parte demandante...