Antecedentes del caso

En un proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por perjuicios ocasionados debido a una detención ilegal por error judicial, condenándola al pago de indemnizaciones por perjuicios morales. Posteriormente, el Consejo de Estado modificó parcialmente esa decisión. Los beneficiarios presentaron una demanda ejecutiva para obtener el pago de las sumas reconocidas en la sentencia, incluyendo intereses moratorios y costas. El Tribunal Administrativo libró mandamiento de pago por un monto superior a 95 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la Nación se opuso, argumentando que el trámite administrativo para el pago era el adecuado y que el procedimiento ejecutivo vulneraba el turno de pago establecido por ley. El Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución, pero más tarde modificó la orden al detectar errores en la liquidación de los intereses moratorios y solicitó una nueva liquidación del crédito. La Fiscalía aportó una liquidación y alegó haber cumplido con el pago total, respaldado por resoluciones administrativas que reconocieron la deuda como pública y el depósito judicial correspondiente. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de junio de 2023, modificó la liquidación presentada por la Fiscalía, señalando que existía un saldo pendiente por intereses moratorios no pagados correspondientes al período entre julio y agosto de 2022.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal de primera instancia, señalando que la modificación de la liquidación del crédito se realizó conforme a derecho y con base en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de...