El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, examinó un recurso de apelación interpuesto contra un auto que no aprobó un acuerdo conciliatorio en un proceso contractual contra una empresa financiera estatal, anteriormente conocida bajo otra denominación.

Contexto y antecedentes del caso

La demanda fue presentada por una unión temporal que reclamaba el reconocimiento y pago de costos derivados de un contrato de interventoría celebrado con la entidad estatal. Inicialmente, el Tribunal Administrativo admitió la demanda y citó a audiencia de conciliación, en la cual las partes lograron un acuerdo. Sin embargo, el auto de febrero de 2023 no aprobó la conciliación, argumentando posible perjuicio al patrimonio, decisión que fue apelada y remitida al Consejo de Estado.

Fundamentos de la falta de jurisdicción

El análisis se basó en el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece que la jurisdicción contencioso administrativa no conoce controversias contractuales relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que son instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuando estos asuntos corresponden al giro ordinario de sus negocios. De acuerdo con decretos regulatorios, la entidad demandada es una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, cuyo objeto principal es la administración y ejecución de proyectos de desarrollo. En este sentido, el contrato en disputa forma parte del giro ordinario de sus negocios. La Corte Constitucional ha sostenido en decisiones previas que la jurisdicción contencioso administrativa no es competente para conocer estas controversias, correspondiendo su trámite a la jurisdicción ordinaria civil.

Implicaciones para el proceso...