Antecedentes del caso

La controversia gira en torno a un contrato de prestación de servicios celebrado en 2010 entre la Terminal de Transportes del Socorro S.A. y una Empresa Asociativa de Trabajo y Apoyo al Conductor. En sentencia de agosto de 2024, la Sala modificó parcialmente una decisión previa del Tribunal Administrativo de Santander, aceptando la tacha de falsedad formulada por la terminal respecto de un otrosí al contrato y declarando que la terminación unilateral y la liquidación unilateral del contrato no produjeron efectos jurídicos. Por ello, se estableció que la empresa asociativa no estaba obligada a cancelar una suma significativa cobrada en exceso durante un periodo específico. Además, se declaró judicialmente liquidado el contrato en cuestión.

Solicitud de nulidad procesal y argumentos

Posteriormente, la empresa asociativa solicitó aclaración y adición de la sentencia para cuestionar la validez de ciertos medios de prueba, especialmente un cotejo grafológico realizado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que fue determinante para aceptar la tacha de falsedad. Estas solicitudes fueron negadas. En diciembre de 2024, la misma empresa propuso un incidente de nulidad procesal alegando pretermisión integral de la instancia y omisión de oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. Los argumentos señalaron que se valoró una prueba documental no aportada ni decretada dentro del proceso en las etapas correspondientes, lo que supuestamente vulneró el debido proceso.

Decisión del Consejo de Estado

El despacho ponente negó el incidente de nulidad procesal argumentando que: - La nulidad alegada debía ventilarse mediante recurso de revisión y no por incidente, dado que se originaba en una sentencia definitiva contra la...