Contexto del caso

La investigación disciplinaria se originó a partir de una queja presentada por dos pensionados, quienes denunciaron que un abogado, tras recibir un poder para representarlos en un proceso ejecutivo ya concluido, cobró sumas de dinero correspondientes a remanentes descontados de sus mesadas pensionales. A pesar de haber recibido más de veinte millones de pesos, el abogado solo entregó parcialmente doce millones a sus clientes, motivo por el cual se solicitó la investigación y sanción por posible conducta dolosa.

Desarrollo procesal

El proceso disciplinario fue iniciado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. Durante la etapa de pruebas y calificación provisional, el magistrado instructor calificó la actuación formulando cargos por falta disciplinaria y negó la práctica de algunas pruebas solicitadas por la defensa, entre ellas la ampliación de la declaración de uno de los quejosos, argumentando que ya se había recibido la declaración de la otra parte y que la negativa se basó en la pertinencia y utilidad de la prueba.

Decisión en segunda instancia

En sede de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de su competencia constitucional, revisó la negativa de la prueba. La Comisión recordó que el juez disciplinario debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, permitiendo la práctica de pruebas conducentes, pertinentes y útiles para esclarecer los hechos. Se concluyó que la ampliación de la declaración del quejoso resulta pertinente y conducente, pues puede aportar información clave para corroborar o desvirtuar la tesis de la defensa respecto a la entrega total o parcial de los dineros recibidos por el abogado. Asimismo, se aclaró...