Antecedentes y procedimiento

El proceso disciplinario se inició por una queja presentada contra el juez de paz local, quien presuntamente no habría respondido un escrito denominado “recurso con derecho de petición” presentado por un ciudadano. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ordenó la apertura de investigación y, posteriormente, mediante auto del 16 de junio de 2023, decidió la terminación y archivo definitivo del caso, con base en la falta de pruebas que acreditaran la presentación del recurso. El quejoso interpuso recurso de apelación, argumentando falta de investigación profunda y supuestas irregularidades procesales, entre ellas la presunta falta de notificación personal del fallo. En respuesta, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial concedió efecto suspensivo al recurso y procedió a analizar nuevamente el caso.

Competencia y legitimidad

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer del recurso, en virtud del marco constitucional y legal que regula su función como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial. Además, se reconoció la legitimidad del quejoso para apelar la decisión de archivo, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

Análisis de las pruebas y valoración

El análisis probatorio incluyó documentos relacionados con incidentes procesales y comunicaciones oficiales. Se constató que no existe registro documental ni medio de prueba que confirme la presentación del recurso con derecho de petición ante el juez de paz. Por su parte, el disciplinable manifestó desconocer dicha solicitud, lo que llevó a concluir que no existió obligación legal de responder a un escrito inexistente. Respecto a la notificación, se comprobó que el quejoso fue debidamente notificado...