Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó tras la queja de una clienta contra el abogado encargado de adelantar un proceso divisorio y una acción de simulación. Aunque recibió los poderes y los honorarios correspondientes, el abogado no presentó la demanda de simulación ni subsanó las observaciones hechas en dos oportunidades a la demanda divisoria, que fue inadmitida y rechazada por no haber sido corregida adecuadamente. Durante la investigación, se comprobó que el profesional no realizó las diligencias propias de su actividad, incumpliendo con los requerimientos judiciales, tales como modificar el poder con claridad, corregir el escrito de demanda, adecuar el dictamen pericial y suministrar la información necesaria para notificaciones electrónicas.

Decisión y fundamentos jurídicos

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial declaró al abogado disciplinariamente responsable por la falta tipificada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el deber profesional del numeral 10 del artículo 28 de la misma ley. Como sanción, se le impuso una suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión. El recurso de apelación argumentó que la conducta del abogado estuvo amparada por una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, debido a la falta de colaboración de la clienta y la imposibilidad de subsanar las demandas por causas ajenas a su voluntad. También se alegó una afectación desproporcionada a derechos fundamentales y la aplicación indebida del sistema de cuartos del proceso penal. No obstante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó estos argumentos. Se concluyó que no se configuró la causal de fuerza mayor pues el abogado no demostró haber solicitado...