Contexto y antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada contra un abogado por supuestamente cobrar honorarios por gestionar el registro de una escritura pública que ya había sido inscrita meses antes. La quejosa relató que contrató al profesional para verificar y realizar el registro de la escritura, entregándole la documentación y pagando una suma de dinero a título de honorarios, sin que se expidiera un recibo o contrato formal. Durante meses, el abogado aseguró que el trámite estaba en curso, atribuyendo demoras a la virtualidad y a dificultades en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Posteriormente, la quejosa descubrió, mediante terceros, que la escritura había sido inscrita mucho antes de la contratación del abogado, lo que generó la denuncia por posible mala fe y falta profesional.

Imputación y proceso disciplinario

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño encontró que el abogado incurrió en una falta contra la dignidad profesional, tipificada en la Ley 1123 de 2007, por obrar con mala fe y desconocer el deber de conservar la dignidad y el decoro en el ejercicio de la abogacía. Se determinó que el profesional actuó con dolo, al cobrar honorarios por una gestión que no realizaría, e incluso propuso condicionar la devolución del dinero a la revocación del registro efectuado, haciendo uso indebido de influencias. Durante el proceso, el abogado no presentó pruebas documentales que acreditaran la existencia de un poder o contrato formal, sin embargo, se consideró que el mandato pudo darse de forma verbal, conforme al Código Civil. Los audios y testimonios aportados confirmaron que...