Antecedentes del proceso disciplinario

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por un apoderado de una sociedad comercial, en la que se denunciaba la actuación del abogado representante de dicha empresa en un proceso reivindicatorio agrario. Se acordó un pago por sus servicios y una cuota de éxito vinculada al resultado favorable del proceso judicial. Posteriormente, el abogado promovió una demanda ejecutiva contra la empresa que representaba para reclamar costas procesales, solicitando medidas cautelares contradictorias con su defensa inicial. Esta actuación fue considerada un conflicto de intereses, ya que el profesional no se declaró impedido para seguir actuando en representación de la empresa.

Desarrollo del proceso y decisión en primera instancia

Tras la apertura formal del proceso disciplinario y la realización de múltiples audiencias, se formularon cargos contra el abogado por supuestamente infringir el deber profesional y cometer actos fraudulentos en detrimento de los intereses de la empresa. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander le impuso una sanción de suspensión por doce meses y multa, basándose en la valoración de contradicciones en sus actuaciones y perjuicios causados.

Revisión y fundamentos de la Comisión Nacional

En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial analizó la congruencia entre la formulación de cargos y la sentencia de primera instancia, la competencia para conocer el caso, así como las garantías procesales respetadas durante el procedimiento. El análisis jurídico se centró en determinar si la conducta del abogado configuraba la falta disciplinaria descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, que sanciona la participación en actos fraudulentos en detrimento...