Contexto y situación fáctica

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió un recurso de apelación contra la terminación anticipada de un proceso disciplinario en favor de un abogado. El proceso se originó por una queja disciplinaria presentada contra el profesional, quien actuó como apoderado del alcalde de un municipio en un medio de control de nulidad electoral, a pesar de que su firma tenía un contrato de prestación de servicios profesionales con dicho municipio. El quejoso argumentó que los honorarios del abogado en la representación judicial podrían haberse sufragado con recursos públicos y que existía un conflicto de intereses por la doble representación. Sin embargo, el abogado sostuvo que el contrato para la defensa en el proceso electoral fue celebrado antes de la posesión del alcalde y que los honorarios fueron pagados personalmente por este último, sin compromiso financiero del municipio.

Desarrollo procesal y pruebas aportadas

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial abrió el proceso disciplinario y, tras audiencia de pruebas, decretó la terminación anticipada, concluyendo que no hubo uso de recursos públicos para el pago de honorarios ni representación de intereses contrapuestos. Entre las pruebas valoradas se incluyeron contratos de prestación de servicios, facturas electrónicas emitidas por los honorarios profesionales, constancias de consignaciones bancarias y sentencias que confirmaron la defensa exitosa en el proceso de nulidad electoral.

Decisión y fundamentos

La Comisión Nacional ratificó la terminación anticipada, destacando que el recurso de apelación se limitó a aspectos específicos y que el quejoso no tenía calidad de interviniente para controvertir pruebas en el proceso disciplinario. Se concluyó que no existió conducta irregular, dado que los honorarios fueron cancelados...