La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió ordenar la nulidad de las actuaciones a partir de la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 29 de junio de 2022, en un proceso disciplinario contra un abogado sancionado inicialmente con suspensión del ejercicio profesional por cuatro meses y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Antecedentes del caso

El proceso se originó por la compulsa de copias realizada por un juzgado municipal en un proceso penal por violencia intrafamiliar, donde el abogado investigado fungía como defensor. Durante el trámite, el disciplinable solicitó en aproximadamente once ocasiones aplazamientos para audiencias a las que finalmente no asistió, siendo advertido sobre las consecuencias disciplinarias de dicha conducta. El juzgado municipal ordenó la apertura del proceso disciplinario, fijando fechas para audiencias de pruebas y calificación provisional. Se acreditó la calidad de abogado del investigado, quien no tenía sanciones disciplinarias vigentes al momento.

Formulación de cargos y sanción inicial

Se formularon cargos por presunta vulneración del deber profesional establecido en la Ley 1123 de 2007, específicamente por actuar de manera negligente al no asistir a múltiples diligencias programadas, lo que generó una dilación injustificada en el proceso penal. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial sancionó al profesional con suspensión de cuatro meses y multa.

Apelación y nulidad declarada

El investigado interpuso recurso de apelación argumentando falta de garantías en su derecho a la defensa técnica y solicitando la nulidad de lo actuado. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en segunda instancia, examinó el caso y determinó la existencia de una nulidad que afecta sustancialmente el debido proceso. Se evidenció que la primera instancia no discriminó adecuadamente la condición del abogado en cada audiencia, pues en varias de ellas contaba con tarjeta temporal o no tenía licencia profesional vigente, lo que afecta su calidad de sujeto disciplinable según el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007. Esta falta de distinción contaminó el procedimiento y la formulación de cargos, vulnerando garantías procesales fundamentales.

Implicaciones y próximos pasos

En consecuencia, la Comisión ordenó la nulidad de las actuaciones desde la audiencia de pruebas y calificación, conservando las pruebas legalmente recaudadas para que se reanude el proceso con apego estricto a la normativa disciplinaria y garantizando el derecho de defensa del abogado. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos, asegurando la constancia y recepción de las mismas. La actuación será devuelta a la Comisión Seccional de origen para que se adelante el procedimiento conforme a esta providencia. Esta decisión resalta la importancia del respeto al debido proceso y la correcta valoración de la calidad del sujeto disciplinable en los procesos éticos y disciplinarios dentro de la Rama Judicial, fortaleciendo así la transparencia y la justicia en la administración disciplinaria.