Contexto del caso

La controversia surge tras la investigación y posterior sanción a una empresa de servicios públicos domiciliarios por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). La sanción se derivó de la presunta falta de notificación adecuada de la respuesta a una petición presentada por un usuario, lo que, según la SSPD, configuró el silencio administrativo positivo. El usuario presentó una solicitud de reliquidación de facturación, la cual fue respondida dentro del término legal de 15 días hábiles, pero la notificación se realizó exclusivamente por correo electrónico, sin autorización expresa para dicho medio. La empresa omitió realizar la notificación personal conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta situación motivó la investigación y la sanción administrativa.

Aspectos normativos relevantes

La Ley 142 de 1994 establece en su artículo 158 que las entidades vigiladas por la Superintendencia deben resolver las peticiones, quejas y recursos dentro de 15 días hábiles. En caso de incumplimiento, se configura el silencio administrativo positivo, que implica que la petición se entiende resuelta favorablemente a favor del usuario. Además, la entidad debe reconocer los efectos del silencio administrativo positivo dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término para responder. Respecto a la notificación, el CPACA exige que ésta se realice conforme a los procedimientos establecidos, y que la notificación electrónica solo es válida si el administrado ha autorizado expresamente este medio. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reafirmado que la notificación es parte esencial del derecho fundamental de petición y del debido proceso.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Administrativo confirmó la sanción impuesta a la empresa, concluyendo que aunque la respuesta a la petición se emitió dentro del plazo legal, la notificación no se realizó en debida forma, vulnerando el derecho fundamental de petición del usuario. La notificación exclusivamente electrónica sin autorización expresa no cumplió con el procedimiento legal. Por tanto, se configuró el silencio administrativo positivo. Asimismo, el Tribunal señaló que no hubo vulneración al debido proceso respecto al trámite del recurso de apelación interpuesto por la empresa, ya que según la normativa aplicable, contra los actos emitidos por delegados de la Superintendencia solo procede el recurso de reposición, al cual se dio trámite y fue resuelto. Finalmente, la Sala confirmó la condena en costas impuesta en primera instancia a la parte demandante, bajo criterios objetivos previstos en la legislación procesal.

Implicaciones prácticas

Esta decisión reafirma la importancia de que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplan estrictamente con los procedimientos de notificación establecidos en la ley, para garantizar el derecho de los usuarios a ser informados adecuadamente y ejercer sus derechos de defensa y contradicción. En la práctica, aunque una respuesta se emita dentro del término legal, la falta de notificación adecuada puede tener consecuencias jurídicas graves, como la configuración del silencio administrativo positivo y la imposición de sanciones. Por tanto, las entidades deben verificar expresamente la autorización de los usuarios para notificaciones electrónicas y, en caso contrario, utilizar los medios tradicionales de notificación para evitar vulnerar derechos fundamentales y enfrentar consecuencias legales.

Conclusión

El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la sanción a la empresa de servicios públicos por incumplir con el procedimiento de notificación, destacando que el silencio administrativo positivo puede configurarse no solo por falta de respuesta, sino también por notificación indebida. La decisión resalta la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías fundamentales en la gestión administrativa de los servicios públicos domiciliarios, asegurando así la protección efectiva de los derechos de los usuarios.

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Tribunal confirma sanción a empresa de servicios públicos por notificación indebida y configura silencio administrativo positivo

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