Antecedentes del caso

Una paciente gestante fue remitida desde un hospital de primer nivel a una entidad de salud de mayor complejidad por ruptura prematura de membranas con salida de líquido. Al ingresar, se inició la inducción del parto con oxitocina bajo monitoreo fetal electrónico continuo y cobertura antibiótica debido al riesgo de infección. Durante la inducción, se presentó una caída súbita de la frecuencia cardiaca fetal, por lo que se suspendió el goteo de oxitocina, se realizaron maniobras de reanimación intrauterina y se practicó una cesárea urgente. Pese a estos esfuerzos, el bebé falleció. La parte demandante solicitó declarar responsables a la entidad prestadora de salud y a los médicos tratantes por los perjuicios causados, alegando falla en la atención médica, específicamente en el manejo del suministro de oxitocina.

Resumen de la sentencia de primera instancia y apelaciones

El juzgado de primera instancia declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad y los médicos, basando su decisión en indicios relacionados con un supuesto incorrecto manejo del fármaco oxitocina y el indebido diligenciamiento de la historia clínica. Sin embargo, la entidad y los médicos apelaron la sentencia, alegando indebida valoración probatoria, uso de literatura médica no controvertida y falta de nexo causal probado.

Análisis y fundamentos jurídicos del tribunal

El tribunal recordó los elementos necesarios para configurar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en materia médica: la existencia de un daño antijurídico, la imputación fáctica y jurídica de dicho daño a la entidad o servidores públicos, y el nexo causal entre la conducta y el daño. Se destacó que en casos de responsabilidad médica la...