El Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió en segunda instancia un recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Córdoba contra una sentencia que le ordenaba pagar la sanción moratoria por el retraso en el pago de cesantías parciales a una docente vinculada al Ministerio de Educación Nacional y afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Antecedentes y aspectos procesales

La demanda original solicitaba que se declarara el silencio administrativo y la nulidad por la falta de respuesta a la petición de reliquidación de la sanción moratoria solicitada en mayo de 2021. Además, pedía el reconocimiento y pago de la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retraso, contados a partir del vencimiento del término legal para el pago de cesantías. La solicitud inicial para el reconocimiento y pago de cesantías parciales se presentó en septiembre de 2019, con resolución de reconocimiento emitida en octubre de ese año y pago efectuado en octubre de 2020. El Departamento de Córdoba se opuso a las pretensiones, argumentando que la responsabilidad del pago de la sanción correspondía al Fomag, dado que la docente estaba afiliada a este fondo, y que los plazos establecidos en el Decreto 2385 de 2005 debían prevalecer. Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo de Montería concedió parcialmente la demanda, condenando al Departamento de Córdoba al pago de la sanción moratoria por 289 días, equivalentes a más de 19 millones de pesos.

Marco normativo aplicable

La decisión se fundamenta principalmente en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, que regulan el reconocimiento y pago de...