Contexto del caso y antecedentes

El caso surge a raíz de una solicitud de reconocimiento y pago de cesantías presentada por una docente vinculada a los servicios educativos estatales del Departamento de Córdoba. La Secretaría de Educación Departamental emitió la resolución que reconoció la cesantía fuera del plazo legal de 70 días hábiles establecido en la Ley 1071 de 2006. El pago efectivo se realizó con retraso, lo que motivó la reclamación de la correspondiente sanción moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo. La entidad demandada negó inicialmente el pago de esta sanción, argumentando que la responsabilidad del retraso recaía en la demora para remitir la documentación por parte del ente territorial, y que la Secretaría de Educación cumplió con los plazos previstos.

Decisión de primera instancia

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Montería declaró la nulidad del acto administrativo que negó el pago de la sanción moratoria y condenó a la Secretaría de Educación Departamental a reconocer y pagar dicha sanción por un retraso de 121 días. Sin embargo, negó el ajuste del valor y los intereses moratorios solicitados.

Recurso de apelación y consideración del tribunal

La parte demandante interpuso recurso de apelación debido a la negativa del ajuste de la sanción con base en el índice de precios al consumidor (IPC), argumentando que, conforme a la jurisprudencia y el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dicho ajuste sí procede a partir de que cesa la causación de la sanción. El Tribunal Administrativo de Córdoba, en segunda instancia, confirmó la sentencia de primera instancia...