El Tribunal Administrativo de Córdoba, en segunda instancia, decidió revocar la sentencia de primera instancia que había negado la existencia de una relación laboral entre una instructora y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La instructora había presentado múltiples contratos de prestación de servicios con el SENA durante el periodo comprendido entre 2008 y 2015, alegando que existía una relación laboral encubierta, conocida como contrato realidad.

Antecedentes y disputa jurídica

La instructora demandó al SENA solicitando que se reconociera la relación laboral generadora de prestaciones sociales y salariales para el tiempo trabajado bajo contratos de prestación de servicios. En la demanda se argumentó que hubo subordinación, dependencia y cumplimiento de horarios estrictos, elementos que configuran la relación laboral según la ley colombiana. El SENA respondió negando la existencia de relación laboral, alegando que los contratos suscritos eran legítimos contratos de prestación de servicios sin vínculo laboral y que algunas pretensiones estaban prescritas.

Fundamentos y análisis del tribunal

El tribunal destacó que, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado, prevalece la primacía de la realidad sobre la forma al determinar la existencia de un contrato laboral. Para ello, deben probarse tres elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Tras revisar la documentación y testimonios, el tribunal concluyó que: - La prestación personal del servicio estaba demostrada, dado que la instructora realizaba personalmente funciones de formación que no podía delegar. - La remuneración estaba acreditada con base en los honorarios pactados en los contratos. - La subordinación quedó comprobada porque las funciones desarrolladas eran permanentes, similares a las...