El Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió en segunda instancia un recurso de apelación relacionado con la presunta existencia de una relación laboral entre un psicólogo y el Municipio de Santa Cruz de Lorica. El caso se centró en determinar si la vinculación mediante contratos de prestación de servicios encubría un contrato laboral con derecho a prestaciones sociales.

Antecedentes y demanda

El profesional en salud mental prestó servicios al municipio bajo contratos de prestación de servicios durante el año 2019, cumpliendo funciones en la Secretaría de Salud Municipal. Se alegó que, pese a la naturaleza formal del contrato, existió una relación laboral real caracterizada por subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. Por ello, se solicitó la nulidad del acto administrativo que desconocía esta relación y el reconocimiento de prestaciones sociales correspondientes.

Respuesta del municipio y sentencia de primera instancia

La entidad demandada argumentó que el contratista actuaba con autonomía, sin subordinación directa, y que la supervisión ejercida correspondía a la coordinación inherente a la ejecución contractual. En primera instancia, el juzgado consideró probados los elementos de prestación personal y remuneración, pero no la subordinación, y por tanto negó las pretensiones de la demanda.

Evaluación del tribunal y fundamentos legales

El tribunal reiteró que para configurar un contrato laboral es indispensable demostrar los tres elementos esenciales: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Se recordó que el contrato de prestación de servicios celebrado con entidades estatales debe limitarse a actividades específicas y no genera relación laboral ni prestaciones sociales. En el análisis de la subordinación, el tribunal valoró testimonios contradictorios sobre el cumplimiento de horarios y la dirección...