Contexto y antecedentes del caso

El tribunal resolvió un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia que negó la sanción moratoria reclamada por la parte demandante debido al supuesto retraso en el pago de cesantías. La reclamación se fundamentó en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que establecen una sanción equivalente a un día de salario por cada día de demora en el pago de cesantías parciales o definitivas. El conflicto principal radicó en la discrepancia sobre la fecha de presentación de la solicitud de pago de cesantías: la parte demandante afirmó que fue el 13 de septiembre de 2019, mientras que la entidad demandada señaló el 31 de julio de 2020, fecha consignada en el acto administrativo de reconocimiento.

Marco normativo y criterios jurisprudenciales

La normatividad aplicable incluye la Ley 244 de 1995 y su modificación por la Ley 1071 de 2006, que regulan la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El Consejo de Estado, en sentencia de unificación, estableció que el cómputo para la sanción inicia desde la radicación de la solicitud, con un plazo total de 70 días hábiles para el pago. Con la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad en el pago de la sanción se distribuye entre las entidades involucradas en el régimen prestacional docente, como la entidad territorial y la entidad fiduciaria administradora del fondo, quienes deben responder conforme al grado de responsabilidad en la mora.

Decisión del tribunal y análisis

El tribunal determinó que la fecha válida para fijar el...