Contexto del caso

El tribunal conoció el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Córdoba contra una sentencia de primera instancia que declaró procedente la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a un docente que laboraba en los servicios educativos estatales del departamento. La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de cesantías el 16 de febrero de 2022, con reconocimiento administrativo emitido posteriormente por la Secretaría de Educación del departamento. Sin embargo, el pago no se efectuó dentro de los plazos legales establecidos. La entidad territorial no expidió el acto administrativo dentro de los 15 días hábiles requeridos, y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) realizó el desembolso fuera del término de 45 días hábiles, causando un retraso que motivó la solicitud de sanción moratoria conforme a la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

Fundamentos normativos y jurisprudenciales

El tribunal basó su decisión en el análisis de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y la Ley 1955 de 2019, que regulan los plazos para el reconocimiento y pago de cesantías y establecen la sanción moratoria por incumplimiento. Además, se consideró la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2018, que fija las reglas para el cómputo de los plazos y la causación de esta sanción. Se destacó que la entidad territorial es responsable directa del pago de la sanción moratoria cuando el retraso se debe a su incumplimiento en la radicación o entrega de la solicitud de pago al FOMAG. Por su parte, el FOMAG responde con su...