Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda presentada contra la Contraloría General de la República, que había declarado con responsabilidad fiscal a una funcionaria del ICBF en su calidad de supervisora del Contrato Estatal de Aportes No. 647 de 2009. La Contraloría consideró que dicha supervisora contribuyó al detrimento del patrimonio público al certificar el cumplimiento contractual y aprobar pagos por actividades supuestamente no ejecutadas por el operador privado, una cooperativa sin ánimo de lucro encargada del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la región de Sucre. La demandante argumentó que los recursos no invertidos correspondían a aportes privados del operador, por lo que no constituían daño al patrimonio público. Además, alegó violación al debido proceso y falsas motivaciones en los actos administrativos de responsabilidad fiscal.

Marco normativo y elementos de la responsabilidad fiscal

El tribunal recordó que la responsabilidad fiscal está regulada por los artículos 268 numeral 5 y 272 de la Constitución Política y la Ley 610 de 2000, y se basa en tres elementos fundamentales: una conducta dolosa o culposa atribuible a quien realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre ambos. Asimismo, señaló que la responsabilidad fiscal solo puede imponerse sobre quienes tengan poder decisorio sobre bienes o recursos públicos, y que el daño debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable.

Análisis y conclusiones del tribunal

Tras examinar la documentación y pruebas aportadas, el tribunal estableció que la supervisora actuó como gestora fiscal en la supervisión del contrato respecto a los recursos públicos aportados por el ICBF, ejerciendo control sobre la...