El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de primera instancia, conoció la demanda interpuesta por un exdefensor público que solicitaba la nulidad de un acto administrativo de la Defensoría del Pueblo que negó la existencia de vínculo laboral, y exigía el reconocimiento y pago de prestaciones sociales por más de once años de servicios bajo contratos de prestación de servicios.

Antecedentes del caso

El demandante prestó servicios profesionales como defensor público en la seccional de la Defensoría del Pueblo en Sincelejo desde septiembre de 2005 hasta diciembre de 2016, mediante diversos contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad. Alegó que su relación laboral fue encubierta bajo esta modalidad contractual, y que la no renovación de sus contratos constituyó una terminación injustificada. Solicitó el reconocimiento de todos los derechos derivados de un contrato realidad, incluyendo salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, así como el pago de intereses moratorios.

Análisis jurídico y pruebas

La demanda se fundamentó en la existencia de los tres elementos del contrato de trabajo según la jurisprudencia: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. Se aportaron los contratos de prestación de servicios, certificados de pago y se recibieron testimonios de varios defensores públicos y coordinadores académicos y de gestión. Los testimonios reconocieron que los defensores públicos debían asistir a barras académicas y cumplir turnos asignados para atender usuarios en las instalaciones de la Defensoría, con una cierta supervisión y coordinación por parte de los coordinadores. Sin embargo, también señalaron que existía autonomía técnica y administrativa, sin horarios estrictos ni órdenes directas de cumplimiento obligatorio, y que no había exclusividad en la prestación de...