Antecedentes y pretensiones

El demandante, en calidad de poseedor del vehículo tipo buseta que cubría la ruta Tolú–Coveñas–Sincelejo, solicitó declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas: el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Transporte. La demanda se sustentó en la presunta falla en el servicio que habría derivado en la destrucción del vehículo por parte de un grupo armado ilegal, con solicitud de indemnización por perjuicios materiales e inmateriales.

Hechos relevantes

El vehículo fue incinerado el 9 de junio de 2016 por hombres armados identificados como miembros del Clan del Golfo, mientras prestaba servicio público de transporte. El demandante retomó sus labores confiando en un supuesto parte de tranquilidad emitido por el Ministerio de Defensa, que además ofreció pólizas de seguro a los transportadores. Sin embargo, la aseguradora negó la indemnización alegando que el hecho no estaba cubierto por la póliza.

Posición de las entidades demandadas

El Ministerio de Transporte sostuvo que no tiene funciones en materia de seguridad ni mantenimiento del orden público. El Ministerio de Hacienda señaló que sus competencias no incluyen la vigilancia o protección en casos de actos terroristas, y que la póliza contratada no cubría los daños ocasionados por grupos no reconocidos como subversivos. Por su parte, el Ministerio de Defensa negó haber emitido comunicaciones que garantizasen tranquilidad y afirmó que no existió prueba que comprometa su responsabilidad.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones por falta de prueba sobre la propiedad efectiva del vehículo a favor del demandante...