Contexto y antecedentes del caso

El recurso de apelación fue interpuesto por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo que había negado las pretensiones de declarar al municipio y a la empresa de energía responsables por la muerte de un joven motociclista en un accidente ocurrido en agosto de 2013. Se alegaba que la indebida ubicación de un poste de energía eléctrica en la vía, sin andén peatonal adecuado, fue la causa del accidente y la muerte. La administración y la empresa de servicios públicos se opusieron argumentando que el poste se encontraba ubicado sobre un andén y no sobre la vía, que la víctima transitaba fuera del espacio permitido, y que la causa eficiente del accidente fue la conducta negligente y la imprudencia del conductor, quien además estaba en estado de embriaguez.

Evaluación de la responsabilidad estatal

El tribunal recordó que la responsabilidad del Estado en accidentes de tránsito puede estructurarse bajo el régimen del riesgo excepcional o por falla en el servicio, dependiendo del caso. Para que proceda la responsabilidad, es indispensable que el daño antijurídico sea consecuencia directa de una acción u omisión de la administración pública. En este caso, no se logró demostrar que la ubicación del poste fuera la causa eficiente del accidente. Además, la investigación evidenció que la víctima conducía en tercer grado de embriaguez, con un resultado toxicológico de 189 mg% de alcohol en sangre, lo que afecta gravemente la capacidad de maniobra y reacción. La vía contaba con iluminación adecuada, y el poste estaba ubicado en el andén, conforme a las normas vigentes.

Conclusiones y efectos de la sentencia

El tribunal concluyó que la conducta imprudente y negligente de la víctima, al conducir bajo la influencia del alcohol y fuera del espacio destinado para vehículos, fue la causa determinante del accidente. En consecuencia, se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la responsabilidad patrimonial del municipio y la empresa de servicios públicos. No se ordenó condena en costas en esta instancia y se devolvió el expediente al juzgado de origen. Este fallo reafirma la importancia de que para establecer la responsabilidad estatal en accidentes de tránsito se debe probar de forma clara y concreta la relación causal entre el daño y la acción u omisión de la administración pública, sin que circunstancias como la culpa exclusiva de la víctima eximan de responsabilidad. Este pronunciamiento aporta claridad sobre los límites de la responsabilidad del Estado en accidentes de tránsito, en particular cuando concurren factores como la imprudencia y el incumplimiento de normas por parte del conductor, y destaca la necesidad de cumplir con las normas de tránsito para evitar tragedias similares en el futuro.

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Tribunal Administrativo de Sucre confirma negativa de responsabilidad del Estado en accidente de tránsito con resultado fatal

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