La decisión de segunda instancia analiza un caso en el que dos adolescentes fueron privados de la libertad en el marco de un proceso penal por un delito de acto sexual violento contra una menor. La privación de la libertad se produjo mediante una orden judicial de internamiento preventivo en un centro especializado, medida que fue sustituida posteriormente por detención domiciliaria bajo control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Antecedentes y proceso judicial

La denuncia inicial fue presentada por la representante legal de la víctima menor de edad. En audiencia preliminar, el juez de control de garantías decretó la orden de captura basándose en pruebas como la entrevista realizada a la menor y un informe pericial de medicina legal. Los menores fueron capturados y sometidos a medida de internamiento preventivo conforme al artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia, que establece esta medida como último recurso y con un plazo máximo de cuatro meses prorrogable un mes más. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación por falta de pruebas suficientes debido a la ausencia de testigos en el juicio oral, lo que llevó a una sentencia absolutoria. Los jóvenes estuvieron privados de la libertad desde la captura hasta la sustitución de la medida y la conclusión del proceso penal, periodo superior a tres años.

Análisis jurídico y criterios del tribunal

El tribunal recordó que la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad requiere demostrar que la medida restrictiva fue arbitraria, desproporcionada o contraria a la ley, es decir, que hubo un daño antijurídico. En este sentido, se destacó...