Contexto y solicitud inicial

Un docente nombrado en propiedad en una institución educativa del departamento de Sucre presentó una solicitud de traslado por razones de seguridad, basándose en su condición de desplazado forzado y en dificultades de salud. La petición fue presentada ante la Secretaría de Educación Departamental en octubre de 2024, sin recibir respuesta oportuna conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.5.2.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015, que regula los traslados por esta causa.

Procedimiento judicial y actores involucrados

El docente interpuso una acción de tutela reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la petición, al debido proceso, a la vida digna, a la salud, a la unidad familiar y al acceso a la administración de justicia. La acción fue inicialmente amparada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, que ordenó a la Secretaría de Educación Departamental responder la solicitud de traslado siguiendo los procedimientos legales pertinentes. Entidades como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Ministerio de Educación Nacional manifestaron no ser responsables directas en la tramitación del traslado y negaron vulneraciones a los derechos fundamentales del docente.

Decisión en segunda instancia

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre revocó la sentencia de primera instancia. Argumentó que la Secretaría de Educación Departamental sí dio respuesta de fondo a la solicitud, negando el traslado por no cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1075 de 2015. Además, señaló que el hecho victimizante de desplazamiento ocurrió en un municipio diferente...