Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó a partir de una auditoría interna realizada por la Oficina de Control Interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) en los comedores BINIM y BACAIM6, ubicados en Coveñas, región Atlántico. El informe de auditoría evidenció un faltante en el inventario del comedor BACAIM6 por valor cercano a los diez millones de pesos. Como consecuencia, la Secretaría General y posteriormente la Dirección General de la ALFM profirieron fallos administrativos que declararon responsable a un funcionario encargado de la administración del comedor por la pérdida detectada. El funcionario afectado interpuso demanda mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando violación del derecho a la defensa, debido proceso y falsa motivación en los actos administrativos. Señaló, entre otros puntos, irregularidades en la realización de la auditoría, desactualización del sistema SAP FASE III para el control de inventarios, y sobrecarga laboral injustificada.

Argumentos y decisión judicial

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada en apelación por el Tribunal Administrativo de Sucre. Este último realizó un análisis exhaustivo de los cargos de violación planteados por el demandante, los cuales no fueron estudiados en profundidad en primera instancia. El Tribunal destacó que la actuación administrativa de la ALFM se enmarca en la Ley 1476 de 2011, que regula la responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes del Ministerio de Defensa. Esta responsabilidad es de naturaleza resarcitoria y exige la concurrencia de tres elementos: conducta generadora de riesgo, daño antijurídico y nexo causal. Respecto al debido proceso, se estableció que se garantizó el derecho a la defensa y contradicción, permitiendo al funcionario conocer y controvertir las pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo. También se valoraron las pruebas documentales y testimoniales, incluyendo el informe de auditoría interna y los fallos administrativos. El Tribunal concluyó que la presunción de legalidad de los actos administrativos no fue desvirtuada y que los cargos de nulidad por supuestas violaciones al debido proceso y defensa carecen de sustento. Por lo tanto, confirmó la responsabilidad administrativa del funcionario por el faltante en el inventario del comedor BACAIM6 por un valor de $9.903.191.

Implicaciones y conclusión

Esta sentencia reafirma la importancia de la Ley 1476 de 2011 para la protección del patrimonio del Ministerio de Defensa Nacional, estableciendo un procedimiento claro para la investigación y sanción de pérdidas o daños a bienes estatales. Además, resalta que el debido proceso y el derecho a la defensa son garantías esenciales que deben respetarse en estos procedimientos, sin que la falta de perfección en ciertos aspectos técnicos de la auditoría invalide la actuación administrativa. El fallo entró en firme en febrero de 2025 y no se impusieron costas en segunda instancia. El proceso fue devuelto al juzgado de origen para su trámite final. En síntesis, el caso ejemplifica cómo se aplican los mecanismos legales para garantizar la responsabilidad administrativa dentro del sector defensa, protegiendo los recursos públicos y asegurando el respeto a las garantías procesales de los funcionarios involucrados, fortaleciendo así la confianza en la gestión pública y la transparencia administrativa.

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Tribunal administrativo de Sucre confirma responsabilidad administrativa por faltante en inventario de comedor militar

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