Antecedentes del caso

La acción popular fue interpuesta por una veeduría especial permanente, que solicitó la protección de los derechos colectivos relacionados con el patrimonio público y la moralidad administrativa del municipio de Coveñas. Se alegó la vulneración de estos derechos debido a presuntas irregularidades en la liquidación de la E.S.E. Centro de Salud de Coveñas y en la administración de bienes y contratos de arrendamiento relacionados con la prestación de servicios de salud. El municipio de Coveñas, a través de su administración, habría arrendado la infraestructura donde funcionaba la E.S.E. a entidades privadas prestadoras de salud sin que existiera evidencia clara del pago de cánones de arrendamiento, generando un detrimento al patrimonio público. Además, se señaló que el proceso de liquidación se prolongó por más de seis años, excediendo los plazos legales y sin que se entregaran todos los bienes afectos a la prestación de servicios de salud al municipio.

Decisión judicial y fundamentos

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, amparando el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Se constató que la gerente liquidadora designada para la E.S.E. no garantizó la adecuada guarda, conservación y administración de los bienes de la entidad en liquidación, y que parte de estos bienes permanecieron en poder de las entidades privadas durante aproximadamente seis años sin constancia de devolución completa ni pago de cánones. El Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia, confirmó esta decisión. En su análisis, destacó que la acción popular es el mecanismo idóneo para proteger los derechos colectivos y que el patrimonio público...