Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal conoció el recurso de apelación presentado contra una sentencia que negó la demanda interpuesta por una docente en contra de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG y el Departamento de Sucre. La reclamación se centraba en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías causadas durante el año 2020, así como la indemnización por el pago tardío de intereses. La docente alegaba que, conforme a la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975, tenía derecho a la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías y sus intereses. Además, invocó pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que apoyaban la aplicación favorable de dicha sanción para los docentes.

Régimen especial de cesantías para docentes

La Ley 91 de 1989 creó el FOMAG como un régimen especial para la administración de las prestaciones sociales de los docentes oficiales, incluyendo cesantías, pensiones y servicios médico-asistenciales. Este régimen establece que los docentes nacionales y nacionalizados tienen un esquema particular para el reconocimiento y pago de cesantías, diferenciándose del régimen general aplicable a otros empleados públicos. En este marco, las cesantías se liquidan anualmente y el Fondo reconoce un interés anual sobre el saldo de las mismas, sin que opere la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, la cual está orientada a los fondos privados de cesantías y pensiones.

Decisión del Tribunal y fundamentos

El Tribunal confirmó que la docente demandante está afiliada al FOMAG y, por tanto, su régimen de cesantías es especial e incompatible con las disposiciones de la Ley 50 de 1990 sobre sanción moratoria. Así, no es procedente el pago de la sanción prevista por consignación tardía ni la indemnización por pago tardío de intereses establecida en la Ley 52 de 1975. La Sala recordó la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, que unificó criterio al señalar que los docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pero que sí sería aplicable a aquellos docentes que no estén afiliados al Fondo.

Implicaciones y conclusiones

Esta sentencia reafirma la vigencia y exclusividad del régimen especial de cesantías para los docentes oficiales adscritos al FOMAG, destacando que dicho régimen no puede ser sustituido por el general en aspectos que resulten incompatibles. La resolución precisa que la afiliación al Fondo es determinante para definir la procedencia de la sanción moratoria. El fallo ratifica así la negativa al pago reclamado y no impone condena en costas en esta instancia. En definitiva, la decisión clarifica que la protección y administración de las cesantías docentes se rige por un sistema diferenciado que no contempla la sanción moratoria prevista para otros empleados públicos, contribuyendo a la seguridad jurídica en el sector educativo y estableciendo un precedente importante para futuros casos relacionados con la administración de prestaciones sociales en el magisterio.

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Tribunal administrativo de Sucre confirma incompatibilidad de sanción moratoria para docentes afiliados al FOMAG

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