Antecedentes del caso

El funcionario demandante solicitó la nulidad de dos actos administrativos: la resolución mediante la cual se hizo un nombramiento en periodo de prueba para un cargo de carrera administrativa y el acto presunto derivado del silencio administrativo frente a una petición relacionada con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales tras su retiro definitivo del servicio. Además, reclamó el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación. El demandante prestó servicios hasta enero de 2022 en el INDERSUCRE, en un cargo para el cual no participó en una convocatoria pública posterior, debido a que el manual de funciones vigente exigía nuevos requisitos para el empleo que no cumplía. Posteriormente, se nombró a otra persona en periodo de prueba para un cargo diferente al que ocupaba el funcionario demandante.

Decisión en primera instancia

El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control. El juzgado sostuvo que el término para presentar la demanda era de cuatro meses contados desde la notificación del acto administrativo que ordenó el pago de prestaciones sociales, plazo que fue superado por el funcionario. Además, señaló que la solicitud presentada tras la notificación no tenía la capacidad de revivir los términos para interponer la demanda.

Recurso de apelación y análisis del tribunal

El funcionario presentó recurso de apelación argumentando que la caducidad no debía aplicarse en el caso del acto presunto derivado del silencio administrativo, ya que no se podía...