Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por la representante legal de un joven que prestaba servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, adscrito al Batallón de Instrucción de Infantería de Marina No. 2 en Coveñas, Sucre. La tutela solicitaba que se ordenara la suspensión del desacuartelamiento hasta contar con un concepto médico especializado que explicara el deterioro de la salud mental del conscripto, con el fin de garantizar la atención adecuada. El joven presentó un episodio de comportamiento agresivo durante su servicio, lo que llevó a su valoración por parte del área de salud mental de la institución. La entidad militar calificó al conscripto como no apto psicológicamente para continuar en el servicio militar y solicitó su desacuartelamiento, trámite que inicialmente fue demorado.

Decisión inicial y desarrollo procesal

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo admitió la tutela y ordenó a la Armada Nacional suministrar a la representante legal copia de la historia clínica y del concepto médico que fundamentaron la calificación de no apto, además de las actuaciones administrativas previas al desacuartelamiento. La entidad militar cumplió con la entrega de la documentación solicitada y realizó el desacuartelamiento del conscripto, entregándolo a su representante legal. Frente a esta situación, la entidad interpuso recurso de impugnación contra la sentencia de primera instancia.

Consideraciones del Tribunal Administrativo de Sucre

El Tribunal evaluó los requisitos de procedibilidad y competencia, confirmando la legitimación activa de la representante legal para actuar en nombre del conscripto, quien estaba imposibilitado de gestionar sus propios intereses debido a su condición y acuartelamiento. En cuanto al fondo, el Tribunal destacó que el servicio militar obligatorio implica la obligación de los ciudadanos de prestar servicio en defensa nacional, regulado por la Ley 48 de 1993 y la Ley 1861 de 2017, que establecen las condiciones para la incorporación y causales de desacuartelamiento, incluyendo la no aptitud psicofísica. Respecto al derecho a la salud, el Tribunal recordó que el Estado debe garantizar atención médica integral a quienes prestan servicio militar, incluso después del desacuartelamiento cuando la afección esté relacionada con el servicio. En el caso concreto, el Tribunal constató que el desacuartelamiento fue ordenado con base en evaluaciones médicas que calificaron al joven como no apto para continuar en el servicio, y que la entidad militar cumplió con entregar la historia clínica y el concepto médico a la representante legal.

Conclusión y fallo

El Tribunal revocó la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la vulneración de derechos alegada fue subsanada con el desacuartelamiento y la entrega de la información médica solicitada. Se ordenó notificar la decisión a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este fallo reafirma la importancia del derecho a la salud y al debido proceso en el contexto del servicio militar obligatorio, así como el derecho de acceso a la información de los representantes legales de conscriptos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a fortalecer la garantía de los derechos fundamentales en las instituciones militares.