Contexto del caso

El demandante, retirado de la Policía Nacional por incapacidad absoluta permanente, solicitó en 2019 el reajuste de su pensión de invalidez desde 1997, argumentando que los incrementos realizados por la entidad fueron inferiores al IPC certificado por el DANE. La solicitud fue negada mediante un acto administrativo, lo que motivó la demanda por nulidad y restablecimiento del derecho.

Argumentos y normativa aplicable

El demandante fundamentó su pretensión en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que establece el reajuste anual de pensiones según la variación porcentual del IPC para mantener el poder adquisitivo. También invocó la Ley 238 de 1995, que adicionó un parágrafo al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, permitiendo que los pensionados de regímenes especiales, como el de la Fuerza Pública, accedieran a dicho reajuste. Por su parte, la entidad demandada argumentó que el régimen especial del personal de la Fuerza Pública se rige por el principio de oscilación, conforme a la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, y que no corresponde aplicar normas del sistema general de pensiones para el reajuste. Además, indicó que los aumentos salariales y pensionales se ajustan a criterios de igualdad interna y disponibilidad presupuestal, y que el solicitante debió impugnar oportunamente los decretos de fijación salarial.

Decisión judicial y fundamentos

La primera instancia concedió parcialmente la solicitud, ordenando reliquidar la pensión para los años 1997 y 1999 con base en el IPC, y reconocer las diferencias causadas a partir de febrero de 2015, aplicando la prescripción extintiva para los valores anteriores a esa fecha. En segunda instancia,...