Antecedentes y contexto del caso

El caso se originó a partir de una acción de tutela presentada por una víctima del conflicto armado que fue reconocida con una indemnización administrativa por desplazamiento forzado. La solicitante padecía una enfermedad catalogada como de alto costo y había pedido a la UARIV que se le incluyera en la ruta prioritaria para la entrega de la indemnización o que se le indicara una fecha razonable cierta para el pago. La UARIV respondió que la víctima cumplía con uno de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, pero que el pago debía ajustarse de acuerdo con el presupuesto disponible para 2024, debido a que el monto total de indemnizaciones superaba los recursos asignados. Además, la entidad manifestó que estaba realizando las verificaciones correspondientes para establecer el procedimiento definitivo para el caso. El juzgado de primera instancia concedió parcialmente el amparo constitucional, ordenando a la UARIV determinar si la solicitante cumple los requisitos para ser incluida en la ruta prioritaria y, en caso afirmativo, establecer un plazo razonable para el pago.

Fundamentos jurídicos y marco normativo

El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, especialmente para víctimas del conflicto armado que gozan de especial protección. El marco normativo aplicable incluye la Ley 1448 de 2011, que establece medidas de reparación integral para las víctimas, incluyendo la indemnización administrativa. Esta indemnización se otorga siguiendo criterios de progresividad, gradualidad y priorización, atendiendo a situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad como edad avanzada, enfermedades de alto...