Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Colosó, con el objeto de que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios derivados de la construcción de una obra pública (un tanque elevado) en un predio rural sobre el cual pesan medidas cautelares de protección debido al desplazamiento forzado de sus propietarios. La parte demandante solicitó indemnización por perjuicios materiales e inmateriales, alegando que la construcción se realizó sin levantar las medidas cautelares ni negociar con los titulares del derecho. El municipio contestó la demanda aceptando algunos hechos y negando la responsabilidad, argumentando que la ocupación del inmueble por un tercero era ajena a su actividad y que las medidas de protección impedían cualquier negociación legal. Además, sostuvo que quien ocupa el inmueble debía solicitar el levantamiento de dichas medidas y que el contrato de obra fue celebrado válidamente para beneficiar a la comunidad. En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda, señalando que no estaba probado que efectivamente se hubiera construido el tanque elevado en el predio, ni que la administración hubiera ocasionado el daño alegado.

Fundamentos jurídicos y análisis del tribunal

El Tribunal Administrativo del Sucre, competente para conocer la apelación, analizó la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado de reparar el daño antijurídico causado por acción u omisión de sus autoridades. Para configurar la responsabilidad por ocupación de inmueble, el demandante debe probar: (i) la titularidad del derecho real sobre el bien y (ii) la ocupación permanente del inmueble por parte de la administración o terceros autorizados. La carga probatoria recae en quien reclama la reparación. En este caso, el Tribunal señaló que la prueba idónea para acreditar la propiedad es el certificado de libertad y tradición. Sin embargo, en el proceso no se aportó evidencia suficiente que demostrara claramente la titularidad del inmueble en cabeza de los demandantes, existiendo controversia jurídica debido a la celebración de un contrato de compraventa del predio con otra entidad y la falta de certeza sobre quién poseía o habitaba el inmueble durante el período cuestionado. Además, aunque se aportó contrato interadministrativo de obra civil y actas de inicio y finalización, no se demostró de manera concluyente la construcción del tanque elevado en el predio ni la afectación directa a los demandantes. Por lo tanto, no se configuró el daño antijurídico ni la imputación de responsabilidad al municipio.

Conclusión y decisión

El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, debido a la insuficiencia probatoria tanto en la titularidad del derecho sobre el inmueble como en la existencia del daño alegado por la construcción pública. Asimismo, no se impusieron costas en segunda instancia, por falta de evidencia que justificara su condena. Finalmente, el Tribunal recomendó que las partes interesadas resuelvan la controversia sobre la titularidad y posesión del inmueble ante la jurisdicción ordinaria civil o de restitución de tierras, dado que no corresponde al juez administrativo determinar dicha cuestión en este proceso de reparación directa. Este fallo reafirma la importancia del cumplimiento de las cargas probatorias para la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por ocupación de inmuebles y delimita el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso administrativa en estos casos, garantizando así seguridad jurídica y respeto a los procesos establecidos.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Tribunal administrativo de Sucre confirma negativa de responsabilidad patrimonial por ocupación de inmueble

Antecedentes del caso

Más noticias sobre Derecho Administrativo