El Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia, resolvió la impugnación de una acción de tutela interpuesta contra una fiduciaria, cuya finalidad era exigir el cumplimiento de una orden judicial relacionada con la suspensión de descuentos por libranza sobre una pensión de gracia y jubilación. La acción buscaba proteger el derecho fundamental al debido proceso en el marco de un proceso de insolvencia de persona natural comerciante.

Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida para solicitar que la fiduciaria suspendiera los descuentos que se hacían de manera mensual a través de libranza, en atención a una orden del Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, que admitió la demanda de reorganización empresarial por cesación de pagos. Sin embargo, la fiduciaria no respondió a la solicitud enviada, lo que motivó la presentación de la tutela. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró improcedente la acción. Argumentó que la tutela no es el mecanismo adecuado para exigir el cumplimiento de órdenes judiciales en procesos ordinarios, ya que corresponde al juez de conocimiento garantizar ese cumplimiento mediante los medios previstos en la ley.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal confirmó esta decisión basándose en el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, que establece que solo procede cuando no existen otros medios judiciales eficaces para proteger derechos fundamentales. En este caso, el proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006 ofrece mecanismos adecuados para hacer cumplir las órdenes judiciales. Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional. El tribunal destacó...