El Tribunal Administrativo del Putumayo emitió una sentencia de segunda instancia que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, relacionada con la sanción moratoria por el retraso en el pago de cesantías parciales a un docente oficial. La controversia gira en torno al reconocimiento y pago de esta sanción establecida en la Ley 1071 de 2006 y su correcta aplicación.

Contexto y antecedentes del caso

El docente solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales para compra de vivienda, solicitud que fue reconocida mediante resolución expedida por la Secretaría de Educación del Putumayo. Sin embargo, el pago fue efectuado con retraso por la Fiduciaria administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Ante la demora, el docente solicitó el pago de la sanción moratoria correspondiente, petición que fue negada por la Fiduciaria y no respondió oportunamente la entidad territorial, configurándose actos administrativos fictos negativos.

Posturas de las partes involucradas

El Ministerio de Educación Nacional y FOMAG defendieron que el procedimiento debía seguir el Decreto 2831 de 2005 y que el pago se realizó dentro del plazo legal, negando la responsabilidad directa. La Fiduciaria argumentó que actuó conforme a sus funciones de administradora y negó la mora en el pago. Por su parte, el departamento del Putumayo afirmó que la responsabilidad recaía en FOMAG y cuestionó el cálculo de los días de mora.

Decisión y consideraciones jurídicas

El Tribunal Administrativo confirmó que se configuró el silencio administrativo negativo por la falta de respuesta a la solicitud de sanción moratoria presentada ante la Secretaría de Educación del departamento...