Contexto y antecedentes del caso

Una docente oficial solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales en abril de 2020, trámite que fue reconocido mediante resolución expedida por la Secretaría de Educación del Putumayo en mayo de 2020. Sin embargo, el pago efectivo se realizó con retraso, en septiembre de 2021. Ante la demora, la solicitante requirió el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, que fue inicialmente negada por la Fiduciaria administradora del FOMAG y no respondida por la entidad territorial, configurando un acto administrativo ficto negativo. La demandante interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la sanción moratoria correspondiente a los días de retraso en el pago de las cesantías.

Decisión de primera instancia y apelación

El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa declaró configurado el silencio administrativo negativo y condenó al Departamento del Putumayo a pagar la sanción moratoria por 378 días de mora, basándose en la asignación básica devengada en 2020 y 2021. No obstante, el departamento apeló argumentando errores en el cómputo de días de mora y cuestionando la legitimación en la causa.

Análisis y fallo del tribunal

El Tribunal Administrativo del Putumayo revisó el caso y estableció que la responsabilidad del pago de la sanción moratoria recae tanto en el FOMAG como en la entidad territorial. Esto debido a que: - La Secretaría de Educación incurrió en mora durante 24 días al retrasar la remisión del acto administrativo a la fiduciaria para el pago. - La Fiduciaria del FOMAG demoró 371 días en efectuar el desembolso correspondiente. El tribunal aplicó la legislación vigente, incluyendo la Ley 1955 de 2019, que asigna responsabilidades compartidas entre entidades territoriales y el fondo fiduciario para el pago de cesantías y sanciones moratorias. Además, aclaró que la suspensión de términos administrativos decretada durante la emergencia sanitaria por COVID-19 no afectó el cómputo de los plazos en este proceso. Como resultado, modificó la sentencia apelada para condenar al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG al pago por 371 días de mora y al Departamento del Putumayo al pago por 24 días, ajustando así el total a 395 días de sanción moratoria.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma el derecho de los docentes oficiales al pago de sanciones moratorias por el retraso en el pago de prestaciones sociales, conforme a la Ley 1071 de 2006 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, establece la responsabilidad compartida entre las entidades territoriales y el fondo fiduciario, lo cual es relevante para la gestión administrativa de estas prestaciones. El fallo también destaca la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar sanciones y garantiza que los pagos se realicen conforme al salario básico correspondiente a cada período. Finalmente, el tribunal decidió no condenar en costas debido a que el recurso prosperó parcialmente. Este precedente es clave para servidores públicos y entidades involucradas en la administración y pago de prestaciones sociales, promoviendo la efectividad de los derechos laborales y el cumplimiento normativo. Con esta sentencia, se espera que las entidades responsables mejoren sus procesos administrativos para evitar futuros retrasos y sanciones, contribuyendo así a una gestión más eficiente y justa en el sector educativo.

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Tribunal administrativo del Putumayo confirma pago de sanción moratoria por retardo en cesantías docentes

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